Nunca antes nuestras vidas habían estado tan rigurosamente reguladas como en los tiempos de Corona. Yuval Noah Harari, uno de los historiadores de la humanidad más conocidos de nuestro tiempo, dice de la pandemia: “Dentro de 50 años, quizá recordemos menos el virus que el inicio de la vigilancia… El mayor peligro del COVID-19 es económico y político, no médico”, está convencido.
Al menos 83 gobiernos de todo el mundo han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar violaciones de la libertad de expresión y de reunión, según Human Rights Watch. Las autoridades han atacado, encarcelado, procesado y, en algunos casos, asesinado a críticos, disuelto protestas pacíficas, cerrado medios de comunicación y aprobado vagas leyes que penalizan la libertad de expresión que, según afirman, pone en peligro la salud pública. Entre las víctimas figuran periodistas, activistas, trabajadores sanitarios, grupos políticos de la oposición y otras personas que han criticado la respuesta del gobierno al coronavirus. Ésta no es sólo una característica de los conocidos “Estados canallas”: Incluso en los Estados supuestamente democráticos, la tendencia hacia la “denegación de los derechos fundamentales” autoritaria es galopante – sorprendentemente, con sólo una protesta manejable por parte de los ciudadanos.
El periodista y abogado alemán Heribert Prantl, que advierte de los efectos no médicos de la pandemia en su nuevo libro, aborda este fenómeno de la sociedad burguesa, especialmente de Alemania, en términos inequívocos, exponiendo la arrogancia dominante de la autojustificación y la actitud como un viaje del ego: “La mayoría de la gente ha cambiado su comportamiento cotidiano no por solidaridad con los ancianos y los enfermos, sino por interés propio – no tanto por miedo a infectar, sino por miedo a ser infectado”. Paralelamente al creciente dominio del “Estado preventivo”, el pluralismo democrático de opinión también se ve cada vez más socavado: “A menudo se desacredita personalmente a quienes discrepan sobre una cuestión de hecho. La empatía por la posición de la otra persona ha dado paso a la indignación precipitada”.
Prantl advierte de que el virus está infectando la democracia, la ley y la sociedad – e imagina con horror lo que, por ejemplo, tuvieron que sufrir y a veces aún tienen que sufrir los ancianos en las residencias en aislamiento y soledad antes de morir. Propuesta del ex fiscal Prantl: El artículo 1 de la Ley Fundamental alemana – “La dignidad humana es inviolable” – debería pegarse en todas las puertas de entrada de las residencias de ancianos y de la tercera edad y, finalmente, habría que actuar en consecuencia. Si su madre, ya fallecida, estuviera alojada en una residencia de ancianos en condiciones tan indignas, demandaría “por todas las instancias” que se pusiera fin a ello.
Si uno escucha los pronunciamientos a veces insoportablemente farisaicos de los gobiernos sobre cierres, relajaciones y regulaciones, puede gritarles con Prantl: “La restricción no es el estado normal, la libertad es el estado normal”. Pues no es la libertad lo que debe justificarse, sino su restricción. Cuando se trata de imponer restricciones por las razones más urgentes, ésta es tarea exclusiva de la legislatura – no de un órgano reunido al azar sin legitimidad democrática, como ocurre actualmente en Alemania.
Este es un problema alemán. No obstante, la preocupación de Prantl de que se amplíen las leyes excepcionales y por tanto que un estado de emergencia se convierta en un estado normal”. Que nos acostumbremos a que en situaciones de crisis, con nuevas epidemias, con catástrofes, la restricción de los derechos fundamentales se convierta en el medio probado. En muchas partes del mundo, esto ya es una realidad. Cada vez más también en Europa. Esto no debe ocurrir – ni con nosotros ni en ningún otro lugar. Echemos un vistazo más de cerca.
Espero que disfrute leyendo el número de marzo de HAUSARZT PRAXIS.
¡Manténgase sano!
